El gobierno abierto se ha posicionado en la última década como el nuevo paradigma dominante en materia de gobernanza y reforma del Estado. Aunque no es una filosofía genuinamente nueva, su relevancia en el discurso y la agenda política internacional escaló tras el ascenso al gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama (2009), y la creación en 2011 de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), iniciativa original de ocho países que actualmente reúne a 79 gobiernos nacionales y 20 subnacionales, además de múltiples organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad de donantes.

Iberoamérica ha sido la región más entusiasta y activa en la agenda de gobierno abierto. La región posee la mayor proporción de países afiliados a la OGP, incluyendo a varios “pioneros” que actualmente desarrollan su cuarto plan de acción. En este marco, han proliferado compromisos e iniciativas que trascienden a los ejecutivos nacionales e incluyen a los poderes legislativos y judiciales, los gobiernos subnacionales, las autoridades electorales y la sociedad civil. Además, varios organismos regionales han adoptado una posición de liderazgo en la promoción de esta agenda, entre los que destacan el CLAD, el BID, la OEA y CAF. La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (2016), aprobada por los jefes de Estado y gobierno iberoamericanos, constituye un instrumento de referencia de este impulso regional.

Los beneficios atribuidos a las iniciativas de gobierno abierto son muchos y están universalmente aceptados. Diferentes autores han hecho referencia al hecho de que un gobierno abierto da lugar a procesos de toma de decisiones más efectivos, protege contra la corrupción, permite el escrutinio público y promueve la confianza de los ciudadanos en el gobierno. A pesar de estas importantes ventajas, la puesta en marcha de iniciativas de gobierno abierto no resulta fácil. Los diferentes significados que adquiere el concepto en distintos contextos, la falta de estrategia, la focalización en la apertura de datos como iniciativa estrella en este campo son sólo algunos de los factores que condicionan su pleno desarrollo. Pero es que, además, el gobierno abierto debe ir de la mano de una necesaria transformación interna de las administraciones públicas que debe pasar por el trabajo colaborativo y transversal y por una cultura de apertura que no siempre es sencilla de conseguir y difundir.

 

El curso se vincula con el área temática No. 6 "Innovación en la Administración Pública" y No. 11 "Gobierno y/o Estado Abierto" del Programa Académico Regional 2019-2020 de la #EscuelaCLAD.El curso se vincula con los objetivos No. 16 "Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones Unidas